La Procuraduría realizó el pedido al Tribunal Superior de Bogotá asegurando que el ente judicial desconoció el preacuerdo que había realizado el acusado con la Fiscalía, en el que este aceptó los cargos por los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales con sus agravantes en calidad de funcionario público y peculado.

La Procuraduría afirma que la sentencia no tiene en cuenta el preacuerdo ya que se había pactado la aceptación de cargos pero no una condena tan alta. El Ministerio Público además consideró que hubo errores de tipo jurídico: “Por un lado, si bien se admite que en el preacuerdo se modificó la tipicidad subjetiva de dolo a culpa; por otro, también se aplica la agravante ya citada, es decir, exige el acuerdo de voluntades, pues lo que se reprocha en el delito culposo es la violación del deber objetivo de cuidado y no el querer producir un resultado lesivo”.

El recurso fue presentado ante el Juez 43 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá dentro del término de traslado de la impugnación interpuesta por la defensa  contra la sentencia.
 

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